La Ley de medidas para la reestructuración de entidades bancarias fue aprobada el 2 de abril y entró en vigor el pasado 16 de abril, fecha en que fue publicada en el Boletín Oficial del Principado de Andorra. Con esta Ley se crea un marco legal que permita escoger aquella salida que se decida para Banca Privada de Andorra (BPA). El texto se inspira en una directiva europea a la cual Andorra tenía previsto adaptarse en los próximos dos años, sin perjuicio que en un momento posterior se dicten las disposiciones legales o reglamentarias que sean necesarias para cumplir los compromisos internacionales adquiridos por el Principado de Andorra.
La Ley incluye también elementos de protección para los trabajadores de la entidad bancaria y a los depósitos de los clientes. Además, no descarta pedir responsabilidades penales a los directivos y administradores.
A raíz de la aprobación de la Ley, se hace necesaria la creación de la AREB (Agencia Estatal de Reestructuración y Resolución de Entidades Bancarias) que es el organismo que decidirá el futuro de BPA: La Agencia se regirá por un Consejo de Administración integrado por cinco miembros, tres de estos se designarán a propuesta del Gobierno mientras que los dos restantes los nombrará el INAF. El Consejo de Administración de la AREB se deberá constituir en un plazo máximo de un mes desde la entrada en vigor de esta Ley. El Consejo de Administración se reunirá como mínimo con carácter trimestral, y cada vez que sea convocado por el presidente, por iniciativa propia o a instancia de cualquiera de sus miembros.
Desde la fecha de entrada en vigor de esta Ley (el pasado 16 de abril) y hasta que no se haya constituido, el Consejo de Administración de la AREB estará integrado por 4 miembros: dos miembros designados por el ministro de finanzas y dos por el INAF. Las decisiones de este Consejo de Administración se adoptarán por mayoría. Con fecha 17 de abril se publicaron en el BOPA los miembros del Consejo de Administración nombrados:
- El Ministro de Finanzas Jordi Cinca, nombró Albert Hinojosa, director del Departamento de Tributos y Fronteras del Gobierno, como miembro del Consejo de Administración de la AREB en calidad de presidente, el otro miembro nombrado fue François Lemasson, que anteriormente había tenido numerosos cargos de relevancia a la administración francesa.
- Por su parte, el INAF también nombró a Armand Pujal, hombre vinculado con el Banco de Francia durante años, como vicepresidente del Consejo de Administración y Charles Cornut, exdirector del Directorio francés de Fondo de Garantía.
Se establece la creación del Fondo Andorrano de Resolución de Entidades Bancarias (FAREB), que será gestionado por la AREB, con una dotación inmediata y extraordinaria de 30 millones de euros por parte de las cuatro entidades bancarias que actualmente operan con normalidad en Andorra: Crèdit Andorrà, MoraBanc, Andbank y BancSabadell d’Andorra. El FAREB se crea sin personalidad jurídica y únicamente tiene como finalidad financiar las medidas de resolución que ejecute la AREB. Los recursos financieros del FAREB tienen que alcanzar, no más tarde del 31 de diciembre del 2024, al 1% de importe garantizado de depósitos, en conformidad con la Ley 1/2011, del 2 de febrero, de creación de un sistema de garantía de depósitos para las entidades bancarias.
Con el objetivo de llegar al nivel de recursos financieros, el AREB tiene que recaudar anualmente contribuciones ordinarias de las entidades calculadas de manera lineal en conformidad con la proporción que represente la sociedad respeto al total agregado de las entidades. Cuando los recursos financieros disponibles no sean suficientes para cubrir las pérdidas o costes, el AREB podrá solicitar contribuciones extraordinarias con el fin de cubrir las necesidades adicionales.
Habrá que crear un banco puente, sin los activos sospechosos de estar contaminados por el blanqueo de dinero. Esta entidad puente, tendrá que dar ocupación al personal de BPA, con preferencia a terceros. Los trabajadores mantendrían la antigüedad y, en caso de liquidación, serían indemnizados por los años que trabajaron en BPA.
